Se cumplieron cinco años de la Ley 27.447, que regula el trasplante de órganos, tejidos y células, y el balance es altamente positivo: se redujo un 30 % la tasa de interrupciones de donaciones por oposición familiar. Además, el país se ubicó por primera vez e la historia en el promedio anual con 20 donantes por cada millón de personas.
¿De qué se trata? A partir de esta ley, toda persona mayor de 18 años pasó a considerarse donante de órganos o tejidos, salvo que previamente haya expresado lo contrario. Este fenómeno se lo conoce como “consentimiento presunto” y ya se empleaba en esquemas normativos de otras naciones del mundo con el objetivo de comenzar a satisfacer la demanda de órganos de una forma más eficaz.
Además, se avanzó en cuanto a la finalidad de los órganos, si se quiere que sean donados para ser implantados en otros seres humanos, o bien, si se prefiere que sean donados para investigación de la comunidad científica y médica local.
El INCUNCAI es el organismo que administra, coordina e impulsa los trasplantes.
En 2022, 4.024 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos y córneas, lo que significó un incremento del 24 por ciento en la cantidad de trasplantes con respecto a 2021. Del total, 1.985 recibieron un trasplante de órganos, siendo 1.681 de donantes fallecidos y 304 de donantes vivos. El ranking es liderado por el de córneas (2.039), y le siguen los renales (1.367), hepáticos (422), cardíacos (107), renopancreáticos (35) y pulmonares (32). Vale destacar que entre los pacientes que recibieron un trasplante, 328 fueron pediátricos –menores de 18 años–, de los cuales 207 recibieron un trasplante de órganos, y 121 de córneas.
En el presente, Argentina se ubica como una referencia en el campo de la procuración de órganos para trasplante. Esa conquista fue posible gracias a las capacidades científicas instaladas, a la calidad de los profesionales de la salud que tiene el país y a una Ley como la Justina que llegó para garantizar derechos.
El origen
La ley adoptó el nombre en homenaje a Justina Lo Cane, quien falleció en 2017 tras permanecer en lista de espera durante cuatro meses en la Fundación Favaloro. Su caso movilizó a la sociedad y finalmente el 30 de mayo de 2018 se aprobó por unanimidad la nueva legislación en el Senado.
